Bravo comenzó a ser juzgado el lunes pasado en base a una demanda civil que presentaron en los Estados Unidos familiares de cuatro víctimas: Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps.
La presentación se basó en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos y es impulsada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos de la nación norteamericana.
