Así lo confirmó a Télam Francisco Cubría, a cargo de la Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en Espacio Público, conocida como Gestión TEP, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
La idea es “institucionalizar acciones desde la justicia” para atender situaciones de trabajadores que, en forma repetida, son “víctimas de estigmatización, persecución, detención y decomiso de sus pertenencias”.
“De esta forma, los trabajadores podrán contar con alguien que lo acompañe, con presencia y con herramientas jurídicas, durante el conflicto”, apuntó Cubría.
Los trabajadores contarán además con una línea telefónica disponible para hacer consultas y denuncias.
Como prueba piloto, la iniciativa empezará en Capital Federal y en el conurbano, en los centros que vayan reabriendo al ritmo de la flexibilización del aislamiento obligatorio y luego será replicada en el interior del país.
